El gobierno keniano debe reafirmar su compromiso de cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) en los casos derivados de la violencia postelectoral de 2007 a 2008, mediante el establecimiento de un mecanismo judicial local para investigar y enjuiciar otras posible sospechosos, según declaraciones conjuntas de la Comisión de la Verdad, la Paz y la Justicia Keniana (KPTJ) y Human Rights Watch.
Las organizaciones expresaron su preocupación porque, a pesar de la promesa del presidente Kibaki en el debate de la nación que tuvo lugar el 24 de abril 2012 de establecer un mecanismo de justicia local, se aprecian esfuerzos oficiales para descarrilar los casos de la CPI. Recientes comentarios de otros miembros del gobierno y del parlamento han sugerido que los dos casos de la CPI contra los cuatro kenianos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la violencia post-electoral debe ser "traído de nuevo a Kenia.
"Damos la bienvenida a la declaración del presidente Kibaki de que Kenia aún desea establecer un mecanismo local para juzgar los crímenes internacionales, y que debe traducirse en acciones concretas en forma de un mecanismo creíble que persista en el fomento y enjuicie a los autores de crímenes que en este momento no están en la Corte Penal Internacional", dijo Davis Malombe, Director Ejecutivo Adjunto de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC).
"Pero las declaraciones de los políticos recientes sobre cómo llevar los casos de la CPI a Kenia hacen temer que el mecanismo local puede ser un encubrimiento", afirmo un miembro de un miembro de KPTJ.
La violencia postelectoral se cobró la vida de al menos 1.133 personas, desplazó otras 650.000, y dejó a miles con cicatrices físicas y emocionales por crímenes que incluyen asalto y violación. Pero cuatro años más tarde, Kenia ha adoptado medidas concretas para identificar y procesar a los responsables. La CPI, un tribunal de última instancia, inició investigaciones en el 2010 después que el gobierno fracasara repetidamente en las promesas de enjuiciar los casos en Kenia. El presidente y el primer ministro han prometido en repetidas ocasiones a cooperar con el proceso de la CPI.
"Los esfuerzos de retirar los cuatro casos que ya han comenzado de la CPI sólo socavaría la obligación de Kenia con el derecho internacional y con la justicia y demoraría la compensación a las víctimas", dijo James Gondi, Jefe del Programa de Kenia en el Centro Internacional para la Justicia Transicional. "Un mecanismo local debe complementar, no sustituir, el proceso de la CPI".
El gobierno de Kenia ya ha perdido una "impugnación de la admisibilidad" sobe la capacidad del tribunal para escuchar los casos, cuando los magistrados de la CPI en mayo 2011 no encontraron ninguna evidencia de que el gobierno fuera en realidad a iniciar la investigación contra los acusados por la Corte Penal Internacional. En enero de 2012, jueces de la CPI confirmaron cargos contra cuatro sospechosos: Francis Kirimi Muthaura, jefe de la administración pública; el vice primer ministro Uhuru Kenyatta Muigai, el miembro del parlamento William Samoei Ruto, y Joshua Arap Sang, un periodista de radio. Los preparativos para el juicio siguen su curso.
Las ultimas declaraciones del presidente Kibaki, en apoyo a un mecanismo judicial local sigue a una serie de promesas incumplidas por el gobierno de Kenia, incluyendo garantías similares en diciembre de 2008, noviembre de 2009, diciembre de 2010, y enero de 2012, la afirmación de que un mecanismo judicial local se establecería. Pero cada vez que se ha tomado una iniciativa para dar cumplimiento a la promesa ha sido bloqueada por el parlamento o por el gabinete.
El sistema judicial ordinario no ha demostrado ser capaz de hacer justicia por la violencia electoral. La investigación de Human Rights Watch en el 2011 encontró que mientras que algunos autores de bajo nivel fueron declarados culpables de delitos menores, la mayoría de los responsables de delitos graves no recibieron ninguna acusación formal por parte de la justicia nacional, y prácticamente todo el mundo sospechaba quienes habían sido los organizadores de la violencia que se han beneficiado de la impunidad. Sólo se reportaron dos casos de asesinato, y no hay casos de violación que hayan resultado condenados. Ningún agente de policía ha sido condenado, a pesar de la evidencia de que la policía mató al menos a 405 kenianos durante la violencia.
Kenia se unió a la Corte Penal Internacional en 2005 y está obligado a cooperar con el tribunal. Mientras que el gobierno de Kenia ha cooperado formalmente con la CPI, las facciones dentro de la élite política de Kenia han tratado de eludir cualquier obligación con el organismo. En diciembre de 2010, el Parlamento aprobó una moción para pedir al gobierno que se retirase del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, aunque el gobierno no reacciono ante la solicitud.
Kenia solicitó a las Naciones Unidas, a su Consejo de Seguridad aplazar los casos de la CPI por un año, sobre la base de que los enjuiciamientos de la CPI eran potencialmente divisorios, y podrían provocar problemas en la implementación de las reformas nacionales necesarias para allanar el camino para el enjuiciamiento de la violencia post-electoral en Kenia. El Consejo de Seguridad - que puede retrasar en casos excepcionales investigaciones de la CPI, cuando se encuentra que pueden suponer una amenaza para la paz y la seguridad internacionales - llevando a cabo consultas informales sobre la solicitud decidió no apoyar la solicitud. El gobierno Keniano, a continuación, presentó la impugnación de la admisibilidad ante la CPI, alegando que Kenia era capaz de investigar y procesar a los sospechosos. Los jueces de la CPI rechazaron la recusación, decisión confirmada en apelación, sosteniendo que la promesa de investigar no es suficiente para detener un caso ya iniciado en la Corte.
Kenia también ha celebrado una serie de reuniones diplomáticas con varios miembros de la comunidad internacional en un intento de obtener apoyo para el diferimiento de los casos en la CPI. La Unión Africana también ha parecido favorecer los esfuerzos del Gobierno de Kenia. La Asamblea Legislativa del África Oriental, el 26 de abril 2012 aprobó una resolución solicitando juzgar los casos de la CPI contra los cuatro kenianos en el Tribunal de Arusha, Tanzania en virtud del Tratado de la Comunidad del África Oriental, aunque el tribunal no tiene actualmente ninguna jurisdicción penal individual.
Los partidarios de Kenyatta y Ruto, quienes han declarado su intención de ser candidatos en las elecciones presidenciales de marzo de 2013, se han embarcado en una campaña de recogida de cinco millones de firmas para solicitar a la Corte retrasar los procesos hasta después de las elecciones. El portavoz de la Corte Penal Internacional ha dicho que la campaña es inútil, ya que no hay base jurídica para retrasar las audiencias.
El gobierno de Kenia ha dado algunos pasos recientemente, que podrían dar como resultado la impunidad por la violencia electoral. El Director del Ministerio Público, Keriako Tobiko, estableció un grupo especial en febrero para acelerar el procesamiento de los 5.000 casos de violencia posteriores a las elecciones, y el grupo de trabajo ha comenzado a analizar los expedientes. Sin embargo, el informe de la Dirección, presentado a la CPI en marzo de 2011 como parte de la impugnación de la admisibilidad, adolecía de serias deficiencias y contenía información inexacta sobre el número y tipo de casos de violencia que se vivieron.
En marzo de 2012, un grupo de trabajo de 10 destacados abogados de Kenia y también abogados internacionales, establecido por el fiscal general de Kenia para determinar la corrección jurídica de la decisión de la CPI tomada enero 2012 de enviar los cuatro casos a juicio, presentó su informe al presidente Kibaki. Los periodistas y otras personas que han visto el informe del grupo, que todavía no se ha hecho público, señalan entre otras cosas que el gobierno ha proveído financiación la protección de testigos, y que su asistencia a las víctimas no ha cumplido con los estándares internacionales para las reparaciones.
A pesar de la falta de avances en estos temas, varios políticos de Kenia han instado recientemente para que los casos regresen a Kenia y sean juzgados por una Corte Nacional. Fred Gumo, un miembro del parlamento y ministro del gabinete, dijo que el presidente y el primer ministro "deberían iniciar el diálogo y el enfoque de la CPI para llevar los casos a Kenia". El vicepresidente Kalonzo Musyoka afirmo que "los kenianos no se sienten cómodos cuando los asuntos de este país se discuten fuera de este país". Y el ministro de Información Samuel Poghisio dijo que si los casos son escuchados en la Corte Penal Internacional, podrían producir tensiones en las próximas elecciones.
Los políticos de Kenia han pintado a los cuatro acusados como "víctimas", a pesar del hecho de que Kenia voluntariamente se sometió a la jurisdicción de la CPI.
"No nos olvidemos de quiénes son las víctimas reales", dijo George Kegoro de la Comisión Internacional de Juristas, miembro del KPTJ. "Son las cientos de mujeres que fueron violadas durante la violencia post-electoral, los cientos de kenianos que fueron fusilados por la policía, las madres que perdieron a sus hijos a manos de la violencia étnica, los niños que todavía languidecen en campos de desplazados internos. Debemos apoyar el proceso de la CPI, ya que es la única iniciativa que ha tomado medidas concretas para garantizar la justicia para estas víctimas".
Con respecto al nuevo llamamiento del presidente Kibaki de un mecanismo judicial local, KPTJ y Human Rights Watch señalaron que para que un mecanismo pueda administrar justicia correctamente, se debe planificar de forma transparente, con la entrada de la sociedad civil, y se consideraría complementaria de los trabajos de la CPI que ya han dado comienzo.
Un mecanismo local debe incluir una unidad especial de investigación formada por investigadores de Kenia e investigadores internacionales profesionales, para compensar las deficiencias en las investigaciones de la policía de Kenia que han sido documentadas por Human Rights Watch y otros miembros de la sociedad civil. Kenia también debería considerar la inclusión de jueces, fiscales y expertos en protección de testigos, para concentrar los conocimientos y mitigar las preocupaciones de los kenianos de que un mecanismo local puede ser manipulado por los políticos. "La CPI seguramente solo acuse sólo a un puñado de sospechosos, y un mecanismo judicial local sería necesaria para hacer justicia sobre los miles de casos que todavía están abiertos", afirmó Leslie Lefkow, subdirector en África de Human Rights Watch. Pero el gobierno de Kenia debe asegurar al público que se ha comprometido a perseguir y apoyar la justicia en todos los niveles, tanto en la Corte Penal Internacional como en Kenia, y debe demostrar que éstas no son sólo promesas vacías".
HRW
Fecha publicación: 2 de abril del 2012.
Artículo enviado y traducido para Fundación Sur por Eva Estaun, española residente en Nairobi, Kenia.
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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